El Tribunal Constitucional ha declarado en mayo de este año inconstitucional ciertos artículos de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales donde se desarrolla la aplicación del Impuestos sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, más conocido como “plusvalía”.

Esa declaración de inconstitucionalidad se produce al establecer el legislador la ficción de que ha tenido lugar un incremento de valor susceptible de ser grabado en el momento de toda transmisión de un bien inmueble de naturaleza urbana. Y ello por el solo hecho de haberlo mantenido el titular en su patrimonio durante una serie de años. De esta manera la hacienda municipal que corresponda girará una liquidación de este impuesto tanto en los casos en los que realmente hubiera existido ese incremento de valor, como en aquellos otros en los que realmente se hubiese producido un decremento en el valor del terreno objeto de transmisión, es decir, una pérdida patrimonial. Por tanto, los ayuntamientos están sometiendo a gravamen, en muchos casos, una riqueza inexistente en contradicción con el principio de capacidad económica que protege el artículo 31.1 de la Constitución Española, y como consecuencia de ello teniendo un efecto confiscatorio que las leyes tienen prohibido.

Pero además, los tribunales de justicia han determinado que la fórmula de cálculo de este impuesto es errónea matemáticamente hablando ya que lo que calcula es la plusvalía futura del terreno y no la que se pudo experimentar desde que se compró el inmueble hasta que se ha vendido.

Con todo este panorama nuestro consejo es que cualquier persona que hubiera vendido o recibido por herencia o donación bienes inmuebles de naturaleza urbana y que las haciendas municipales correspondientes les hubiesen sometido a gravamen con la conocida “Plusvalía” debe recurrir esa liquidación impositiva. Eso sí siempre que no hayan transcurrido más de CUATRO años desde la fecha en que se realizó el ingreso de la cuota impositiva en las arcas del ayuntamiento.

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Plusvalía municipal

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